“No estamos hablando de un problema administrativo. Estamos frente a una tragedia sanitaria de magnitud inédita y el país merece explicaciones”, advirtió el diputado Pablo Yedlin en declaraciones mediáticas, y calificó el caso del fentanilo contaminado como “quizá el hecho más grave contra la distribución de medicamentos en la historia de la Argentina”.
Durante la última reunión de la Comisión de Salud, se aprobó por unanimidad –incluyendo el acompañamiento del bloque libertario– un pedido de informes al ministro de Salud de la Nación, Dr. Lugones, y a la ANMAT, para esclarecer la secuencia de hechos que derivaron en la tragedia.
Yedlin recordó que la ANMAT se creó en 1992, luego de un escándalo por medicamentos contaminados, con el objetivo de evitar que episodios similares volvieran a ocurrir. “Hasta ahora, la ANMAT era una agencia prestigiosa, que nos daba a todos los argentinos la confianza de que lo que comprábamos en una farmacia o recibíamos en un hospital estaba controlado”, señaló.
El diputado advirtió que esta crisis rompió esa confianza y que “hubo alertas tempranas desde noviembre de 2024, tanto desde ANMAT como desde Rosario, que podrían haber evitado muertes si se actuaba a tiempo”.
Respecto al contexto político, Yedlin cuestionó el enfoque del actual Gobierno hacia la regulación sanitaria: “Estamos frente a un error que refleja una mirada peligrosa: la de que el Estado no es importante y que el mercado puede controlarse solo”. Recordó que, en mayo, la ANMAT sufrió el despido de la mitad de su personal, y criticó declaraciones del funcionario Federico Sturzenegger: “Decir que si el ANMAT falla hay que eliminarlo, es desconocer el rol esencial del Estado. Los médicos no podemos evaluar la calidad de los medicamentos, esa es tarea de especialistas”.
El diputado también alertó sobre el riesgo de medidas incluidas en el DNU 170 y la Ley Bases, como la liberación de venta de medicamentos fuera de farmacias o la posibilidad de que provincias importen fármacos sin control nacional: “Esto antes no ocurría. Teníamos un control unificado que garantizaba calidad en todo el país. Hoy dependemos de la buena fe de cada provincia”.
Aunque Yedlin admitió que su expectativa de respuestas concretas por parte del Ejecutivo es baja, insistió en que la justicia debe actuar: “No estamos hablando de un problema administrativo. Estamos frente a una tragedia sanitaria de magnitud inédita y el país merece explicaciones”.