En 2021 el Gobierno promulgó la Ley 27620 que instituyó el 22 de agosto como el Día Nacional del “Desagravio al pueblo tucumano” por el cierre masivo de ingenios azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966″, decidido por el gobierno de facto de Juan C. Onganía. En la cámara de diputados además del impulsor de la norma Pablo Yedlin,fue firmada por todos los diputados tucumanos: Mario Leito, Domingo Amaya, Beatriz Ávila, Lidia Ascárate, José Cano, Mabel Carrizo, Carlos Cisneros, y Gladys Medina
Recordemos que el 28 de junio de 1966 se produjo el Golpe de Estado contra el presidente Arturo Illia. En Tucumán había sido desplazado el gobernador, Lázaro Barbieri, y había asumido como interventor el general Delfor Otero. Poco después, el 1 de agosto, reemplazó a Otero otro militar, el general Fernando Aliaga García.
Esta medida de la dictadura de 1966, fue un precedente de la militarización de la provincia mediante el despliegue del Ejército en el denominado Operativo Independencia, casi una década después, en febrero de 1975, hecho que a su vez avivó el inicio de la última dictadura cívico-militar del año siguiente.
Los militares intervinieron los ingenios azucareros tucumanos de Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana, todos situados dentro de los límites de la provincia de Tucumán. La medida se basó en el argumento falaz de modernizar la economía a partir de la diversificación de actividades. Según decían la industria azucarera sufría graves problemas de arrastre, potenciados por la sobreproducción de la zafra de 1965 y eso planteaba una situación insostenible.
La medida fue impuesta a sangre y fuego, y no hubo lugar para diálogos ni negociaciones racionales. La clara consecuencia estuvo lejos de ofrecer para Tucumán nuevas industrias o actividades económicas. La escena se volvió irrespirable casi de manera inmediata. A partir de la medida se despidieron 50 mil obreros y la desocupación alcanzó los 15 puntos. En poco tiempo se obligó a un cuarto de la población de la provincia (250 mil personas) a emigrar en busca de mejores destinos y a instalarse en los barrios populares o marginales de los grandes centros urbanos de Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
La contracara fue la proliferación de pueblos ‘fantasma’ en el interior tucumano y la aparición de decenas de barrios vulnerables en el Gran San Miguel de Tucumán con cientos de familias buscando sobrevivir. Se trató de una decisión centralista que causó un daño político, económico, social y cultural que sufrió la totalidad del pueblo tucumano y que requiere una reparación por parte del Estado nacional”.
Esa medida favoreció a algunos sectores de propietarios de la industria azucarera de Tucumán y Jujuy, entre ellos, los dueños de los ingenios Concepción y Ledesma, o sea las familias Prat Gay y Blaquier que apoyaron fervientemente el golpe y los cierres de ingenios..
Para 1973, con 11 ingenios menos, se produjo un 24,9% más de azúcar que en 1965. O sea se concentró mucho más la producción azucarera y se evidenció la verdadera razón de esa medida, que era demoler la capacidad de organización y defensa de los derechos de los trabajadores tucumanos, quienes demostraron una férrea voluntad de resistencia.